Un dictamen desfavorable de España respecto a la conservación del lobo podría tener un impacto significativo en su caza, según lo informado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
MITECO ha solicitado a la Unión Europea (UE) una extensión en el plazo de entrega de los informes sexenales relacionados con el Artículo 17 de la Directiva Hábitats, que aborda las especies incluidas en dicha directiva, incluyendo al lobo. España tenía como fecha límite el 31 de julio para enviar estos informes, según lo indicado en la Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente (Eionet). Sin embargo, el país ha solicitado una prórroga en la entrega, mientras que los informes relativos a las aves, enmarcados en el Artículo 12 de la Directiva Hábitats, sí han sido enviados.
Si el informe que España envía a la UE señala que la conservación del lobo está en una situación desfavorable, no se podrán llevar a cabo "controles letales" de la especie, de acuerdo con el MITECO. Esta restricción se basa en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que si una especie se encuentra en un estado desfavorable en una parte del territorio, se considera en esa condición en todo el territorio.
La protección del lobo ha sido motivo de conflicto entre las Comunidades Autónomas (CCAA) y el Gobierno desde que la especie fue incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial en 2021. La aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario a finales de marzo de este año ha intensificado la discusión, ya que incluye disposiciones que permiten nuevamente la caza de lobos en España, especialmente después de que la UE redujera la protección del animal en el continente mediante modificaciones en la Directiva Hábitats.
Las CCAA han reactivado los planes de gestión de los lobos, lo que ha generado conflictos legales con organizaciones ecologistas. Ecologistas en Acción, la asociación DEAN y el partido Verdes Equo han denunciado la disparidad judicial en torno al lobo, con diferencias entre regiones como Cantabria, donde se pueden extraer ejemplares, y Galicia, donde no se permite su eliminación.
En medio de estos conflictos, se han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional, uno por parte del Defensor del Pueblo y otro por el Partido Popular. La Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica ha solicitado la suspensión de la Conferencia Sectorial hasta que el Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la rebaja en la protección del lobo.
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