La actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, ha afirmado que el informe elaborado por la Inspección General de Servicios, encargado por el Gobierno asturiano tras el accidente en la mina de Cerredo, donde cinco trabajadores perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos, no establece una conexión entre el suceso y la gestión política.
Roqueñí, quien anteriormente fue consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico en el Gobierno asturiano, dependiendo del servicio de Minas, es una de las siete personas señaladas por responsabilidad en el informe elaborado por la presidenta de la comisión parlamentaria que investiga el accidente, Covadonga Tomé. Varios partidos han pedido su dimisión, así como el Ayuntamiento de Gijón.
«Lo que tengo que decir es que el informe de la Inspección de Servicios ha identificado acciones a mejorar, pero no establece una relación directa entre el accidente y la gestión política», puntualizó Roqueñí en declaraciones desde Gijón. «Mantengo mi postura de que no hay conexión entre la causa del accidente y la gestión realizada en la Consejería», insistió, en declaraciones emitidas por Radio Asturias y recogidas por Europa Press.
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