El Principado de Asturias ha levantado la suspensión cautelar que pesaba sobre un edificio de viviendas en La Barquerina (Villaviciosa) tras la modificación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica y publicada este jueves en el BOE.
La Dirección General de Urbanismo del Gobierno asturiano ha acordado la resolución el mismo día en que se ha hecho efectiva la orden ministerial que rectifica el deslinde en este ámbito, desbloqueando la tramitación de la licencia de primera ocupación del inmueble promovido por Construcciones José González y permitiendo el acceso a las viviendas una vez completadas las actuaciones pendientes.
El Ayuntamiento de Villaviciosa ha informado que, tras la publicación de la orden ministerial, el arquitecto municipal realizó la visita de comprobación preceptiva el lunes 20 de abril para informar la licencia de primera ocupación. Esta será concedida tan pronto como la promotora complete las instalaciones aún pendientes.
Por su parte, el Gobierno del Principado ya había suspendido el procedimiento sancionador relacionado con el expediente urbanístico el pasado 24 de marzo, a la espera de la resolución del deslinde por parte de Costas.
El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, ha agradecido la rapidez de la Consejería de Ordenación del Territorio y del Ministerio para resolver el expediente, expresando su confianza en cerrar también el procedimiento sancionador para brindar tranquilidad a los propietarios y a la empresa afectada, además de avanzar en nuevas actuaciones urbanísticas en la zona.
Vega ha destacado la coordinación entre las administraciones y ha resaltado que tanto el Ministerio como el Principado han actuado conforme a las normas y al sentido común para dar solución a una situación administrativa compleja.
El conflicto se originó a partir del deslinde aprobado en el año 2000 en La Barquerina, que estableció una servidumbre de protección de 100 metros en un tramo donde la normativa permitía solo 20 metros. Esto llevó a la paralización del edificio y a la apertura de expedientes sancionadores tras denuncias de la Demarcación de Costas.
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