El Gobierno de Asturias convocará a grupos políticos y agentes sociales para reforzar una posición común en la exigencia de suprimir el peaje en la autopista AP-66. Ante la inadmisión de la solicitud de nulidad de la prórroga de la concesión, el Principado acudirá al Tribunal Supremo en busca de la eliminación del cobro, argumentando la ilegalidad de la prórroga aprobada por el Gobierno anterior.
Esta decisión se basa en la defensa de la legalidad europea y española, considerando la prórroga como potencialmente nula. La Alianza por las Infraestructuras del Estado se reunirá para reforzar una estrategia legal y avanzar hacia la eliminación definitiva del peaje, siguiendo los compromisos del Manifiesto por la Supresión del Peaje del Huerna.
El Gobierno asturiano considera decepcionante la respuesta del ministerio, que evita evaluar la legalidad de la prórroga. Por ello, se interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para buscar la supresión del peaje del Huerna y obtener un pronunciamiento jurídico completo sobre la legalidad de la prórroga.
Se argumenta que la prórroga de la concesión hasta 2050 constituye una modificación sustancial del contrato original, favoreciendo a la concesionaria. Esta extensión generó ventajas económicas extraordinarias que alteraron el equilibrio financiero del contrato. Tanto la Comisión Europea como el Consejo Consultivo del Principado de Asturias han señalado la posible nulidad de la modificación concesional.
En respuesta, el Gobierno del Principado continuará impulsando acciones legales, políticas e institucionales para restablecer la legalidad y eliminar el peaje considerado injustificado. La reunión de la Alianza por las Infraestructuras busca coordinar esfuerzos y defender los intereses de Asturias en esta cuestión crucial para la región.
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