El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha afirmado que el Gobierno asturiano seguirá apoyando a los vecinos del edificio de la calle Río Piloña, 3, en Gijón, hasta encontrar una solución satisfactoria para todos. Zapico mencionó que se espera resolver los contratos pendientes en las próximas semanas, mientras se aguarda la respuesta de la Sareb para definir el futuro de las once familias afectadas por órdenes de desahucio.
Según Zapico, existen cuatro propuestas de contrato social y siete de subrogación planteadas por la Sareb, pero los vecinos prefieren que todas las viviendas se incluyan en el marco de alquiler asequible. Además, señaló que la entidad reclama una deuda económica que los residentes no reconocen, argumentando que los pagos se realizaron de forma adecuada en Hacienda o en los juzgados, por lo que consideran que la deuda sería ilegal.
El consejero destacó la importancia de que la Sareb esté dispuesta a negociar y valorar la propuesta de los vecinos, con la esperanza de que la situación de incertidumbre se aclare gradualmente. Asimismo, subrayó la voluntad política de dejar atrás la historia negativa de la Sareb, buscando que sus propiedades se destinen a un fin social, diferente al enfoque especulativo del pasado.
En colaboración con Sepes, la empresa pública estatal, el Gobierno asturiano se compromete a garantizar que, una vez transferidas las viviendas, se respeten y subroguen los contratos vigentes sin problemas. Zapico reiteró el compromiso del Principado de resolver los once contratos pendientes en las próximas semanas, enfatizando que las viviendas deben ser para habitar y no para intereses especulativos.
Por otro lado, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé criticó el comportamiento de la Sareb, comparándola con una multinacional al amenazar con desalojar a familias vulnerables sin compromiso social. Tomé mencionó que los vecinos han vivido en incertidumbre sobre el futuro de sus hogares y que la movilización ciudadana ha sido clave para frenar los intentos de desahucio.
Tomé denunció que la Sareb ha incumplido acuerdos y ha cambiado unilateralmente los criterios de vulnerabilidad, lo que ha resultado en nuevas órdenes judiciales de desalojo. Destacó que se trata de familias trabajadoras que simplemente desean seguir viviendo en sus hogares mientras se resuelve la situación injusta.
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