La consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, defendió en la Junta General el uso «estrictamente excepcional» de la libre designación en la Administración autonómica, respetando y acatando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) sobre siete jefaturas de servicio. Sin embargo, el Gobierno del Principado decidió interponer un recurso ante el Tribunal Supremo para garantizar la legalidad y seguridad jurídica del modelo.
En su comparecencia, Llamedo explicó que, de más de 200 jefaturas de servicio o asimiladas en toda la Administración del Principado, solo 10 están identificadas como libre designación, confirmando así el carácter excepcional previsto en la Ley de Empleo Público. Respecto a la sentencia del TSJA, afecta a 7 jefaturas de un total de 210, pero tres de ellas están cubiertas por concurso desde 2022, por lo que, según la consejera, solo se trata de cuatro casos.
La vicepresidenta enfatizó que la sentencia del TSJA no cuestiona la legalidad del sistema, sino la motivación formal de algunos expedientes administrativos. El recurso presentado ante el Supremo busca una interpretación uniforme de la Ley de Empleo Público para evitar inseguridad jurídica en el futuro.
Llamedo rechazó las acusaciones del Partido Popular, asegurando que no hay designaciones a dedo ni favoritismos, ya que todos los procedimientos son abiertos, públicos, reglados y con requisitos objetivos. Subrayó que el Gobierno seguirá trabajando con rigor y profesionalidad, defendiendo la actuación del Ejecutivo frente a las críticas.
En otro orden de ideas, el diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons, afirmó que no hay un solo informe que justifique los siete nombramientos a dedo del PSOE, según lo dictaminó una sentencia. Criticó que el Gobierno anunciara el recurso al Supremo sin disponer de un informe jurídico que lo respaldara, acusando al Principado de intentar ganar tiempo en lugar de corregir los errores y cumplir la sentencia.
Las críticas al Gobierno también vinieron por parte del Grupo Mixto y Vox, quienes acusaron al Ejecutivo de convertir la administración regional en un sistema de colocación partidista, ignorando la ley y colocando a dedo a sus afines. Mientras tanto, el diputado socialista Ricardo Fernández defendió la actuación del Gobierno, señalando que las críticas de otros partidos forman parte de un juego político que busca descalificar la gestión gubernamental.
En medio de estas controversias, el debate político se intensifica en torno al uso de la libre designación en la Administración del Principado de Asturias, generando tensiones y críticas entre los distintos partidos políticos.
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