La apicultura en España se enfrenta a un desafío económico importante, ya que el sector ha quedado excluido de las recientes medidas anticrisis anunciadas por el Gobierno. Según la Unión de Uniones, esta situación supone un claro agravio comparativo respecto a otros sectores ganaderos y agrícolas que sí pueden beneficiarse del gasóleo bonificado.
La actividad apícola, especialmente la trashumancia, depende directamente del consumo de gasóleo. La trashumancia es una práctica esencial que implica el traslado de colmenas a diferentes zonas a lo largo del año para garantizar la floración, la producción de miel y la salud de las abejas. Este movimiento constante conlleva un elevado coste en combustible, que varía en función del tamaño de la explotación.
Según cifras proporcionadas por la organización, el coste extra de gasóleo al año para la apicultura trashumante oscila entre los 800 euros para una explotación con 150 colmenas, y los 10.000 euros para una explotación de 1.500 colmenas. En el caso de las explotaciones estantes, este coste extra se sitúa entre los 400 y los 4.000 euros anuales.
Además de los desplazamientos frecuentes para el manejo de las colmenas, los apicultores deben hacer frente a costes adicionales derivados de actividades como el control de plagas o la vigilancia de las colmenas, lo que incrementa aún más el consumo de gasóleo.
La Unión de Uniones reclama a la Administración que reconozca la especificidad de la apicultura y garantice su acceso a este tipo de apoyo. El sector recuerda la importancia de las abejas en la polinización de cultivos y ecosistemas, siendo clave para la producción de alimentos y la biodiversidad en general. La falta de apoyo económico para el sector apícola pone en riesgo esta labor fundamental de las abejas y la sostenibilidad de la apicultura en España.
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