El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha destacado la importancia de la colaboración institucional para abordar uno de los problemas más acuciantes de la sociedad actual: la vivienda. En un acto celebrado esta mañana, Barbón junto con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, han firmado un protocolo para gestionar cerca de 400 inmuebles de la entidad estatal Casa 47 en Asturias y ponerlos a disposición de la ciudadanía a través de alquileres asequibles.
Este acuerdo representa el primer paso hacia la ratificación de un convenio que detallará las acciones, compromisos y condiciones de arrendamiento. Entre los aspectos que se regularán se encuentran los límites de renta, los precios máximos de alquiler y los criterios de selección de los beneficiarios. Además, el Ministerio se compromete a explorar la posibilidad de ceder terrenos en Asturias para reforzar las políticas autonómicas de vivienda.
Barbón ha resaltado la necesidad de trabajar en conjunto en múltiples frentes y con la colaboración de las tres administraciones para abordar eficazmente la problemática habitacional. Asimismo, ha reiterado que, para los gobiernos progresistas, la vivienda es un derecho y no un negocio, enfocándose en políticas que garanticen el acceso a una vivienda digna para todos.
En el marco de esta colaboración, el Presidente ha repasado las iniciativas más destacadas en materia de vivienda impulsadas por el Principado durante esta legislatura:
– Construcción, inicio o adjudicación de 1.500 viviendas, lo que elevará el parque público autonómico a más de 11.000 unidades.
– Inicio de ocupación en el programa pionero «Alquilámoste», destinado a movilizar viviendas vacías para facilitar el acceso al alquiler a familias con ingresos medios.
– Aprobación de zonas tensionadas para regular los precios del alquiler en seis concejos.
– Tramitación de la primera ley integral de vivienda de Asturias para proteger los inmuebles públicos y garantizar la función social de los pisos protegidos de forma permanente.
– Establecimiento de normativas para limitar el uso turístico de viviendas y evitar la presión sobre el mercado residencial.
– Implementación de deducciones fiscales para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y municipios en riesgo de despoblación.
En palabras de Barbón, colaborar para abordar el problema de la vivienda es también garantizar la dignidad de las personas, ya que la igualdad de derechos se ve comprometida cuando no se garantiza el acceso a una vivienda adecuada. Esta iniciativa busca responder a un desafío crucial en la sociedad actual y refleja el compromiso de los gobiernos por ofrecer soluciones concretas y efectivas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
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