El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha informado a la Junta General de Asturias sobre la aprobación de un decreto que complementará la normativa existente para reducir la presión sobre el mercado residencial en la región.
Este decreto tiene como objetivo limitar las viviendas de uso turístico en aquellas zonas que sean declaradas de mercado residencial tensionado, con el fin de garantizar el acceso a la vivienda y frenar la escalada de precios del alquiler. La iniciativa se desarrolla en colaboración con la vicepresidenta y consejera de Turismo, Gimena Llamedo.
Las limitaciones se aplicarán en zonas que ya han iniciado su tramitación como zonas de mercado residencial tensionado, actualmente en fase de exposición pública. Se trata de doce áreas que suman un total de 36.428 habitantes, distribuidas en varios concejos de la región, como Gijón, Avilés, Llanes, Gozón y Cabrales, entre otros.
El procedimiento administrativo contempla un plazo de 20 días hábiles de información pública, la resolución de alegaciones y la emisión de informes municipales no vinculantes. Una vez aprobadas las declaraciones, se remitirán al ministerio para evaluar la financiación asociada.
El consejero Zapico ha destacado que la vivienda es un derecho y no un negocio, y ha señalado que la proliferación de viviendas de uso turístico es uno de los factores que más influyen en el encarecimiento del alquiler y en la dificultad de acceso a la vivienda. El Gobierno de Asturias seguirá ampliando los análisis en otros ámbitos territoriales para abordar situaciones de tensión en el mercado residencial.
En otro orden de temas, el consejero ha defendido la gestión de la empresa pública Vipasa y ha anunciado un proceso selectivo para dos plazas de auxiliar administrativo, marcando un hito en materia de transparencia y buen gobierno en el sector público empresarial de Asturias.
Esta medida representa un cambio de modelo en la gestión pública, basado en procesos transparentes y homologables a los de la Administración pública, con el objetivo de garantizar la igualdad, el mérito y la capacidad en la selección de personal.
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