La consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, ha anunciado que el proceso de integración a la red autonómica de las educadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años no estabilizadas comenzará en abril de este año. Hasta el momento, ningún ayuntamiento con personal no estabilizado ha sido incorporado a la red, ya que los 22 consistorios que se integraron en agosto de 2025 contaban con trabajadoras estabilizadas.
Este proceso se llevará a cabo siguiendo el marco normativo que garantiza la conservación de los derechos laborales y la creación de mesas de diálogo para definir los procesos de consolidación y empleo público. La próxima reunión de la mesa de diálogo presentará la programación concreta de los procesos selectivos específicos y excepcionales que facilitarán la incorporación de las trabajadoras a la red autonómica.
En cuanto a la integración de personal en los municipios de Avilés, Siero, Mieres, Noreña, Grado (abril 2026) y Gozón (septiembre 2026), se llevará a cabo a través de un proceso selectivo excepcional y justificado, en colaboración con las organizaciones sindicales, asegurando la conservación de los derechos de los trabajadores y la estabilización de las plazas.
La consejera respondió a las preguntas de los diputados Gloria García (PP), Javier Jové (Vox) y Covadonga Tomé (Grupo Mixto). García expresó dudas sobre la protección de los derechos del personal con contratos antiguos o de media jornada, mientras que Tomé instó a acelerar el proceso y a reconocer la categoría B a las trabajadoras, así como su inclusión en la carrera profesional.
Javier Jové cuestionó si el modelo de gestión de recursos públicos es eficiente, calificando la iniciativa como un «disparate económico» debido a los altos costos por niño en la red autonómica. También señaló que el sistema público no responde a las necesidades de las familias y genera problemas en la integración de escuelas municipales.
En resumen, el proceso de integración de las educadoras de escuelas infantiles en la red autonómica está en marcha, con el objetivo de garantizar la estabilización laboral y el reconocimiento de categoría para estas trabajadoras. Se espera que se realice de manera gradual, respetando los derechos laborales y buscando la eficiencia en la gestión de recursos públicos.
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