Por Redaccion 
También proponen una moratoria de licencias VUT en todo el casco urbano.
Los portavoces de IU – Más País – IAS y Podemos del Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, llevarán al próximo pleno una iniciativa que extiende a todo el tejido urbano -cinco distritos- la declaración de zonas tensionadas, prevista para Cimadevilla y La Arena, con una vigencia de tres años.
Al mismo tiempo, propondrán que la moratoria de licencias de Alojamiento Turístico (VUT) se extienda no solo en el tiempo, sino también a los cinco distritos urbanos, finalizando en febrero del próximo año. Así lo explicaron ambos en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Gijón.
Suárez Llana, por su parte, señaló que si se declaran algunas zonas tensionadas, pero no se aplica la moratoria en el caso de las licencias VUT, las viviendas del mercado residencial se convertirán en alojamiento vacacional.
En el caso de la moratoria, señaló que fue por un año y entró en vigor el 9 de febrero de 2024, por lo que si no se aprueba una nueva volverá a ser barra abierta para la promoción de licencias VUT, el problema se ha solucionado con el traslado a barrios puramente residenciales donde no se producía ningún fenómeno turístico.
Eso sí, afirmó que no puede haber una moratoria de las licencias VUT «porque sí», tiene que haber algunas medidas que se van a aplicar.
También nos animó a mirar el ejemplo de Cataluña, donde, según él, la limitación de precios funciona. También optó por dedicar todo el parque de viviendas públicas al alquiler asequible en lugar de a la venta.
Además, ha señalado que el estudio recientemente publicado sobre zonas estresadas en Asturias refleja que Gijón es el único municipio que tiene todos los distritos urbanos con un mercado residencial estresado. Algo que destacó que no ocurre en Oviedo ni en Avilés ni en ningún otro concejo, según Suárez Llana.
En este sentido, ha influido en que en los cinco distritos urbanos los inquilinos destinen más del 30 por ciento al pago del alquiler. Asimismo, destacó que el precio medio es de 10,17 euros por metro cuadrado, siendo la superficie media de 83,2 metros cuadrados. Esto lleva a precios medios que en algunos barrios superan los 900€, siendo la zona Oeste la más baja, con un coste medio de 739€.
Por todo ello, ha defendido que las administraciones públicas deben impulsar políticas que favorezcan el alquiler asequible. Lamentó, no obstante, que las políticas municipales no estén encaminadas a favorecer el acceso a la vivienda a través de su «Plan Clave», sino «favorecer al comercio privado corriente», aseguró.
Al mismo tiempo, ha destacado que Gijón cuenta con un parque de vivienda pública que, a su juicio, no cubre las necesidades de los ciudadanos, siendo su porcentaje inferior al de vivienda turística, a lo que ha añadido las miles de viviendas vacías que hay en el municipio. «El mercado no se regula solo», advirtió el portavoz de IU.
También aludió a las hipotecas revertidas. En este caso, ha señalado que cuando no se interviene en el mercado, las personas mayores tienen que poner a la venta sus viviendas, con un precio marcado por la edad de las personas que las ponen a la venta. «Es un mercado de especulación inmobiliaria», señaló.
En nombre de Podemos, Suárez llamó la atención sobre si al Gobierno local no le importa que los ciudadanos no puedan acceder a la vivienda por el alto precio de los alquileres.
También recordó que en el pleno de noviembre pasado los partidos de la administración local se abstuvieron de la propuesta que preveía la declaratoria del Centro y la Arena como zona de tensión y que fue aprobada.
«Tenemos alquileres inasumibles en esta ciudad», señaló Suárez, quien advirtió de que hay fondos buitres que controlan gran parte del mercado y hacen subir los precios de los alquileres.
También se mostró en contra del Plan Clave propuesto por el Equipo de Gobierno Local porque implica la transferencia de fondos públicos a empresas privadas. «Lo único que piensa es en beneficiar a Asprocon», enfatizó junto con la industria de la construcción.
Por otro lado, optó por la rebaja del IBI de los propietarios que los alquilen. Al mismo tiempo, reprochó al ayuntamiento que deje en manos exclusivas del Principado la solución del problema de la vivienda. Además, ha señalado que era «impensable» que en el distrito de La Calzada el alquiler medio superara hace unos años los 700 euros.
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