La Fiscalía del Principado de Asturias solicita ocho años de prisión para un acusado de facilitar cocaína y hachís a menores en Avilés. La vista oral está programada para el martes 17 de junio en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 11.30 horas.
El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, nacido en la República Dominicana en 1989, estaba facilitando drogas a menores desde al menos noviembre de 2021, tanto en su domicilio en Avilés como fuera del mismo.
No llegó a utilizar a los menores para distribuir las sustancias a terceros. En noviembre de 2021, el acusado habría entregado 2 gramos de hachís al hijo de su expareja, quien en ese momento tenía 14 años, a pesar de conocer su edad y sus condiciones especiales de hiperactividad y vínculo afectivo desinhibido que lo hacen especialmente vulnerable.
Según el relato del Fiscal, posteriormente, el 15 de diciembre de 2021, proporcionó una cantidad no determinada de cocaína a dos amigos del menor, quienes tenían 15 años en ese momento. También les dio una cantidad no determinada de hachís que consumieron en el domicilio.
El 19 de diciembre de 2021, en la estación de tren de El Berrón, Siero, el acusado le entregó a uno de los menores dos bolsas de marihuana para que la consumieran. El acusado tiene residencia legal en España, residencia permanente como familiar comunitario y está en proceso de obtener la nacionalidad española desde el 21 de abril de 2021.
La Fiscalía considera que estos actos constituyen un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, al facilitar el consumo a menores de 18 años. También lo considera en concurso con un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de sustancias que no causan grave daño a la salud, al facilitar el consumo a menores de 18 años.
Por lo tanto, la Fiscalía solicita una condena de ocho años de prisión para el acusado, junto con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, el acusado deberá asumir los costos legales.
En vista de la necesidad de disuadir la comisión de delitos contra la salud pública, de acuerdo con las directrices de la Fiscalía General del Estado, no se solicita la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional.
