El fundador de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, está siendo juzgado este martes siete por un presunto delito de malversación de fondos. El juicio, que se llevará a cabo en la Sala III de Audiencias, comenzará con su interrogatorio y continuará los días 9, 16, 21, 24 y 29 de enero. Entre los numerosos testigos convocados a declarar se encuentra la actual alcaldesa de Gijón y presidenta del Foro, Carmen Moriyón.
La fiscalía solicita una pena de tres años y medio de prisión para Álvarez-Cascos, por malversación de fondos, luego de que el partido Foro Asturias lo denunciara por trasladar lo que consideraba gastos personales ajenos a su actividad política. La fiscalía estima en 181.648 euros el dinero del que el acusado habría podido apropiarse. El juicio se realiza después de tres suspensiones por diversos motivos y dos años de espera.
Según la Fiscalía, el imputado ocupó varios cargos importantes dentro del partido político Foro de Ciudadanos (FAC) desde su creación en febrero de 2011. En los meses previos a la formación de este partido, el imputado recibió una oferta profesional para liderar un proyecto político. Esta oferta económica no incluía gastos personales, disponibles sin autorización del partido, ni gastos de comida ajenos a la actividad política.
Una vez aceptada la oferta profesional, el imputado fue nombrado presidente del partido desde su primer congreso el 5 de marzo de 2011 hasta el 14 de marzo de 2015, cuando asumió como secretario general hasta el 15 de noviembre de 2019.
En el partido, desde su inicio, no se había designado ningún tesorero, y la junta directiva se centraba principalmente en la actividad política, delegando la función económica y desconociendo el sistema de gastos. Se establecieron criterios de confianza en el uso de los recursos económicos del partido, con supervisión limitada por parte del Tribunal de Cuentas, según la Fiscalía.
Además, existía un procedimiento basado en la confianza, con personas encargadas de la gestión y control de los gastos, que no tenían la autoridad para fiscalizarlos. Los gastos pasaban por un filtro de firmas y autorizaciones basado en la confianza, sin calificación sobre la legitimidad de los cargos.
El documento del Ministerio Público afirma que «el imputado conocía este sistema de pago y lo utilizaba para cobrar al partido gastos personales no relacionados con su actividad política, beneficiándose de ello». Los gastos incluyen honorarios de abogados, viajes, entradas a eventos, compras personales y más.
La Fiscalía también alega que el acusado fue administrador de una empresa hasta julio de 2011, cuando oficialmente dimitió por incompatibilidad con su cargo como presidente del Principado de Asturias. Sin embargo, mantuvo el control y la gestión. Además, su esposa era propietaria de un inmueble en Madrid.
Para obtener ingresos adicionales, el imputado diseñó un contrato de alquiler ficticio de una oficina, documentando pagos secretamente desde la junta directiva del partido. Se realizaron contratos ficticios de alquiler que aportaron una cantidad significativa de dinero al acusado.
En total, se pagaron 173.855,70 euros por estos contratos ficticios, sumando un total de 181.648,92 euros incorporados al patrimonio del acusado.