El Gobierno del Principado de Asturias ha puesto en marcha la nueva Oficina Judicial de Gijón, como parte de la implementación de la Ley Orgánica 1/2025, de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta oficina surge con el objetivo de mejorar la eficiencia y la atención en el servicio judicial.
Según la información proporcionada por el Gobierno asturiano, la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos ha estado monitoreando el proceso de implementación, asegurando la correcta evolución de la jornada y atendiendo posibles desajustes técnicos o informáticos. Se ha desplazado personal específico al Palacio de Justicia de Gijón para garantizar un inicio sin contratiempos.
Esta nueva oficina en Gijón se convierte en la segunda activada dentro de los tres grandes partidos judiciales del Principado, siguiendo a la de Avilés. Próximamente, también entrará en funcionamiento la oficina de Oviedo.
La puesta en marcha de esta normativa estatal ha conllevado la creación de 25 nuevas plazas y la mejora de las retribuciones de otros 80 puestos que ocuparán las jefaturas de equipos, con una inversión total de 1,3 millones de euros.
Además, la Oficina Judicial de Gijón asumirá la responsabilidad de los casos de violencia contra la mujer en los partidos judiciales de Siero, Villaviciosa, Cangas de Onís, Llanes y Piloña. Con el objetivo de brindar un mejor servicio a las víctimas, se ha creado una segunda plaza de juez especializado y se han implementado diversas medidas organizativas, como un servicio de transporte gratuito a demanda para las mujeres que deban desplazarse a Gijón, costeado por el Principado.
Anteriormente, la Viceconsejería había realizado una inversión de 400.000 euros para habilitar tecnológicamente todos los juzgados de paz, garantizando que las actuaciones puedan realizarse telemáticamente desde los territorios de origen de las víctimas. En caso de que el procedimiento o la autoridad judicial requieran el traslado a Gijón, el Gobierno de Asturias se encargará de cubrirlo.
Esta iniciativa busca mejorar la atención a las víctimas de violencia de género y agilizar los procesos judiciales en la región, fortaleciendo el sistema de justicia en Asturias.
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