El Gobierno español ha llevado a cabo más de 2.000 traspasos de competencias a comunidades y ciudades autónomas desde 1978 hasta 2025. Canarias se sitúa en quinto lugar en esta clasificación, habiendo recibido un total de 128 transferencias.
Según datos del Ministerio de Política Territorial recopilados por Europa Press, Cataluña lidera el listado con 196 transferencias, seguida de Andalucía y Galicia con 156 cada una, la Comunidad Valenciana con 134, y Canarias con 128. En cuanto a las ciudades autónomas, Melilla ha asumido 24 y Ceuta 21 transferencias.
Durante los años 2015 y 2017, bajo el mandato de Mariano Rajoy, no se produjeron traspasos a comunidades autónomas, retomándose con la llegada de Pedro Sánchez, con dos transferencias al País Vasco en sus primeros meses en el cargo.
Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, se han realizado casi 45 traspasos de competencias a diferentes comunidades autónomas, siendo Euskadi la que más ha conseguido con 23 transferencias, seguida de Cataluña con ocho. En el año 2025, el País Vasco ha sumado siete nuevas transferencias, acaparando más de la mitad de las realizadas desde la moción de censura de 2018.
Uno de los últimos traspasos significativos fue el de las prestaciones contributivas y el subsidio de desempleo a Euskadi, completando así el primer bloque de la transferencia de la Seguridad Social. Además, se han ratificado competencias sobre permisos de trabajo a personas extranjeras y meteorología, así como la cesión de la antigua sede de la AEMET en San Sebastián.
En cuanto a otras regiones, Cataluña ha obtenido la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y ha ampliado traspasos previos en materia de Administración de Justicia, becas y medios patrimoniales. Las negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat continúan para concretar otros traspasos, como el de Rodalies.
En resumen, se ha observado un intenso proceso de transferencia de competencias a las comunidades autónomas en los últimos años, con especial énfasis en el País Vasco y Cataluña. Este movimiento busca fortalecer la autonomía regional y mejorar la gestión de servicios públicos en todo el país.
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