El Gobierno de Asturias ha rechazado el recurso de casación presentado por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) en el Tribunal Supremo. La disputa se centra en la gestión del lobo y la protección de la especie, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley de Desperdicio Alimentario.
El letrado del Principado de Asturias argumenta que las resoluciones juzgadas ya no están en vigor y que la situación ha cambiado debido a la mencionada ley, que ha modificado el nivel de protección del lobo. Se cuestiona un posible «cupo» de extracción de lobos establecido por la comunidad autónoma, considerando que esta norma estaría obsoleta tras la nueva legislación.
Por su parte, ASCEL defiende que el establecimiento de un «cupo del 9%» para la extracción de lobos es incompatible con la normativa vigente. Se destaca que la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) impone restricciones claras a su extracción, basadas en la preservación de las poblaciones y la necesidad de justificación adecuada.
La asociación animalista también sostiene que la Ley de Desperdicio Alimentario, que modificó la protección del lobo, no implica necesariamente la derogación de la normativa anterior. Existe preocupación por la posibilidad de que el establecimiento de cupos genéricos pueda conducir a autorizaciones automáticas y poco selectivas para la caza de lobos, contraviniendo los principios de protección establecidos.
En resumen, el conflicto legal entre el Gobierno de Asturias y ASCEL refleja la complejidad de la gestión y protección de especies como el lobo ibérico, donde la interpretación y aplicación de la normativa medioambiental juegan un papel crucial en la conservación de la biodiversidad.
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