Cepesca ha alertado de que la asignación propuesta por Bruselas para la pesca supone un recorte del 67% en comparación con el periodo anterior, reduciendo los fondos de 6.100 millones a 2.000 millones de euros. Esta disminución en el presupuesto para el sector pesquero ha generado preocupación entre las organizaciones pesqueras españolas, que buscan defender los intereses de la pesca y la acuicultura en el nuevo marco financiero europeo.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado la importancia de que la pesca y la acuicultura tengan una representación adecuada en el presupuesto comunitario. En una reunión con diversas entidades del sector, se discutió la propuesta de la Comisión Europea de integrar el actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura en un fondo común, lo que podría afectar la visibilidad y prioridad de la política pesquera en la Unión Europea.
Ante esta situación, Cepesca ha solicitado firmemente que se defienda la creación de un fondo específico y reforzado para la pesca en el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034. La organización ha expresado su preocupación por la falta de concreción en la propuesta legislativa de la Comisión Europea, que no especifica una cantidad destinada al sector pesquero.
Además, el sector pesquero español ha resaltado la importancia de establecer dotaciones mínimas obligatorias para la pesca en el futuro marco presupuestario, garantizando una cofinanciación armonizada que permita abordar aspectos clave como la modernización, sostenibilidad y seguridad de la flota pesquera.
En este contexto, se ha subrayado la necesidad de que España coordine sus esfuerzos con otros países con una gran tradición pesquera para garantizar un trato justo al sector, fundamental para la alimentación, el empleo costero y la autonomía estratégica de Europa. La pesca, como una de las políticas verdaderamente comunes de la UE, requiere un fondo específico para no diluir sus recursos y enfrentar los desafíos actuales y futuros.
Se han señalado posibles riesgos, como la alineación con el Pacto Europeo del Océano, que podría desviar recursos hacia otros sectores de la economía azul, y la falta de mecanismos obligatorios de cofinanciación para buques de más de 12 metros, que podría generar competencia desleal en la UE. En resumen, la desaparición de un instrumento financiero específico para la pesca tendría graves repercusiones, como la pérdida de empleo en comunidades costeras y el debilitamiento de la flota frente a la competencia internacional, así como la reducción de la producción pesquera europea y el aumento de la dependencia de importaciones.
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